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La securitización ambiental como dispositivo retórico

El caso del suelo

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Sequías afectan flora y fauna en América Latina y enfrentan a la población con desafíos inéditos.

Fuente: © Nacho Doce, Reuters

Mariana González Lago

Candidata a doctora por el Instituto de Futuros Sostenibles, Universidad Tecnológica de Sydney, Australia. Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional, por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Sociología, por la Universidad de la República, Uruguay.

Introducción

En los últimos veinte años se ha promovido el tratamiento de varios problemas asociados con la degradación ambiental como temas de seguridad. Esta propensión a la securitización del medioambiente se materializa en la emergencia de conceptos tales como seguridad climática, seguridad del agua, seguridad alimentaria, seguridad energética y, recientemente, se suma a esta tendencia la seguridad del suelo.

La consideración del sector ambiental como parte de la agenda de seguridad ha generado un extenso debate en el ámbito de las relaciones internacionales y los estudios de seguridad con dos principales posturas: la de los tradicionalistas (realistas y liberales), que sostienen que incluir nuevos sectores perjudica el potencial del uso de la fuerza ante amenazas al Estado, y la de los ampliacionistas (constructivistas), que argumentan que en el nuevo orden pos guerra fría los riesgos y las amenazas son múltiples y dispersos y no solo el Estado está en riesgo, sino también el bienestar individual y planetario.

Si bien en el caso de la seguridad ambiental hay quienes sostienen que este debate está saldado a favor de la ampliación, existen opiniones que indican lo contrario y cuestionan este vínculo (Trombetta, 2011). Para tomar posición en este debate es preciso conocer las especificidades de la securitización medioambiental y sus potenciales efectos.

¿Qué se entiende por securitización del medioambiente?

La escuela de Copenhague ha tenido un rol fundamental en la promoción de la nueva agenda ampliada de la seguridad, y ha ofreciedo un marco teórico para abordarla: la teoría de la securitización. Su origen se remonta a 1998, cuando se publica el libro Security: a new framework of analysis, de Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde. Allí se pone en el seno de la discusión la necesidad de redefinir el concepto de seguridad y su alcance, sugiriendo la inclusión de nuevos sectores (económico, social, político, ambiental) que desplazan al Estado como principal objeto de referencia para coexistir con otros como la especie humana, distintos tipos de hábitat, el clima planetario y la biosfera.

De orientación epistemológica constructivista, esta teoría se centra en las elaboraciones discursivas enfatizando la naturaleza política e intersubjetiva de la seguridad. La securitización se define como:

[…] el movimiento que lleva a la política más allá de las reglas de juego establecidas y enmarca a un asunto ya sea como un tipo especial de política o por encima de la política. La securitización es entonces algo más extremo que la politización. (Buzan et al., 2008, p. 24)

Bajo esta óptica, todos los asuntos se pueden ubicar dentro de un continuo que se mueve entre la no politización, la politización y la securitización. En términos muy simples, un objeto de referencia (Estado, individuo, clima, agua, etc.) es securitizado cuando es construido discursivamente por un agente securitizador como en una situación de riesgo que amenaza su propia existencia, por lo cual requiere la puesta en práctica de medidas de emergencia que trasciendan el proceso convencional político. Dicha representación, en contrapartida, tiene que ser aceptada por una audiencia que lo legitime; si no hay muestras de aceptación, entonces se trata de un movimiento securitizador, pero no que el objeto haya sido securitizado.

Sequías afectan flora y fauna en América Latina y enfrentan a la población a desafíos inéditos. Fuente: © Nacho Doce, Reuters

La securitización es un marco que excede a la politización de un problema (sobre la base de reglas establecidas en el sistema político) y permite el uso de los poderes de emergencia relacionados con la seguridad nacional. Cuando se alcanza la securitización se anulan el debate y el diálogo político, y es por este motivo que se enfrenta al dilema normativo de su carácter negativo (Verdes-Montenegro, 2015). Por ello, lo deseable es que los asuntos que alcancen un tratamiento extraordinario logren ser desecuritizados en el largo plazo (figura 1) para que vuelvan a estar sujetos a las reglas del juego democrático (Buzan et al., 1998).

Figura 1. El recorrido de la securitización

La securitización ambiental es definida como aquella que se «preocupa por el mantenimiento de la biosfera local y planetaria como el sistema de soporte esencial del cual dependen todas las actividades humanas» (Buzan et al., 1998, p. 8). El vínculo entre seguridad y degradación ambiental está fundamentado en la creencia de que existe responsabilidad humana y, por tanto, está en su capacidad el poder actuar para cambiar el curso de los acontecimientos y asegurar la supervivencia del ambiente y la sociedad. Si bien los autores sostienen que no argumentan a favor de la securitización del medioambiente, observan la existencia de varios movimientos securitizadores impulsados principalmente por la comunidad científica.

Un nuevo movimiento securitizador del medioambiente: el caso del suelo

Como señalan Buzan, Wæver y De Wilde, una característica fundamental del sector ambiental es la coexistencia de dos agendas, la científica y la política, que, aunque pueden soslayarse e influenciarse mutuamente, tienen características e intereses distintos. Esta observación es crítica para entender cómo se postula la securitización ambiental: se trata de movimientos propuestos por la comunidad científica que define y analiza los problemas del sector y que tiene como uno de sus objetivos principales aportar conocimiento que contribuya a la formulación de políticas (Casado-Claro, 2017). Pero dado que la agenda política se orienta por una mentalidad cortoplacista guiada por los ciclos electorales, la capacidad de esta comunidad para influenciarla es relativamente escasa. En consecuencia, los movimientos securitizadores apuestan a los efectos del lenguaje para darle relevancia política a temas que no la tienen (Levy, 1995; Deudney, 1990).

Un ejemplo ilustrativo de esto es la emergencia del enfoque de la seguridad de suelo. El suelo es considerado un recurso oculto tanto en la agenda política internacional y local como en los medios de comunicación y en la consciencia de las sociedades crecientemente urbanas. Sin embargo, el suelo es un recurso no renovable vital para la vida en la Tierra: no solo alberga una cuarta parte de la biodiversidad del mundo, sino que también es la base de la mayor parte de la producción mundial de alimentos (95 % proviene del suelo) y es fundamental para garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

« Una característica fundamental del sector ambiental es la coexistencia de dos agendas, la científica y la política, que, aunque pueden soslayarse e influenciarse mutuamente, tienen características e intereses distintos. »

En la actualidad, las constantes presiones antropogénicas como el mal uso de la tierra y las prácticas de manejo no sostenibles, el crecimiento exponencial de la población, el crecimiento de la demanda de proteínas, fibra y bioenergía y los usos competitivos de la tierra (producción de energía, vivienda e infraestructura, minería, etc.) están llevando a que los procesos y funciones que realiza el suelo se vean amenazados (FAO e ITPS, 2015).

En respuesta a la creciente degradación de este recurso (a nivel mundial un tercio se encuentra moderada a altamente degradado) y a su escasa visibilidad en la agenda política en sus distintos niveles, la comunidad de la ciencia del suelo desarrolló en 2012 el enfoque de la seguridad del suelo. La intención detrás de este concepto, de acuerdo con los científicos que lo crearon, es lograr una forma más eficaz de encuadrar al suelo para cautivar al público y el interés político, ofreciendo una nueva definición de degradación. La seguridad del suelo se entiende como:

[…] el mantenimiento y la mejora de los recursos del suelo del mundo para que puedan continuar proporcionando alimentos, fibra y agua dulce, hacer importantes contribuciones a la sostenibilidad energética y climática, y ayudar a mantener la biodiversidad y la protección general de los bienes y servicios ecosistémicos. (Koch, McBratney y Lal, 2012, p. 186)

La degradación del suelo se presenta como una cuestión de seguridad, ya que conduce a la destrucción de las funciones y resiliencia de los ecosistemas naturales y gestionados por humanos y, por lo tanto, se trata en última instancia de asegurar la supervivencia humana (Bouma y McBratney, 2013). Esta propuesta se opone, según sus fundadores, a la noción de seguridad dura que implica el uso de la fuerza y el poderío militar, y apela a la idea de seguridad blanda para alcanzar el objetivo de obtener la necesaria atención política y pública sobre la importancia de las amenazas al suelo y subrayar la necesidad de acciones para minimizar los riesgos (McBratney y Jarrett, 2017).

En pocas palabras, la seguridad del suelo permite una definición alternativa de degradación que puede estimular la innovación política pensando este problema ambiental en nuevos términos. Sin embargo, la efectividad de este enfoque todavía está por verse, ya que hasta el momento solo ha ganado adeptos entre la propia comunidad epistémica.

Reflexiones finales

Las críticas a la inclusión de los problemas medioambientales en la agenda de seguridad se centran en el cuestionamiento al estiramiento del concepto, que puede perjudicar el potencial del uso de la fuerza ante amenazas reales al Estado, y el poder establecer prioridades en cuanto a los asuntos de emergencia (Deudney, 1990; Ciută, 2010). También se sostiene que las prácticas vinculadas a las formas tradicionales de seguridad poco tienen que ver con los problemas ambientales y las formas de resolverlos (Trombetta, 2011).

Lo cierto es que las tendencias securitizadoras en el sector ambiental parecen apuntar a lograr la politización de los problemas más que a promover el uso de medidas extremas por fuera del sistema político. Las propuestas impulsadas por la comunidad científica apelan a los efectos del lenguaje a través de la retórica de la seguridad (que muchos tildan de alarmista y sensacionalista) para elevar la visibilidad de los problemas ambientales y ganar tracción a nivel político para que acepten sus agendas.

Sin embargo, las iniciativas que promueven la securitización ambiental no profundizan en las prácticas sino en el uso de una narrativa con «potencial de marketing» (Fischhendler y Katz, 2013) para captar la atención, generar conciencia e invocar la acción. Pero este enfoque blando de la seguridad puede ser un arma de doble filo si las prácticas asociadas a estos movimientos no son propiamente desarrolladas y explicitadas, ya que una vez que entran en el espacio político pueden ser resignificadas según los intereses de turno, conduciendo a efectos distintos de los inicialmente buscados.

Referencias bibliográficas

« Las tendencias securitizadoras en el sector ambiental parecen apuntar a lograr la politización de los problemas más que a promover el uso de medidas extremas por fuera del sistema político. »

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