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Arco Minero: devastación humana, política y ambiental

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Créditos de la Imagen

Arco Minero del Orinoco.

Paola Bautista de Alemán

Doctora en Ciencia Política mención cum laude por la Universidad de Rostock (Alemania). Miembro de la Junta de Dirección Nacional del partido Primero Justicia y presidente de la Fundación Juan Germán Roscio (Venezuela).

El 24 de febrero de 2016 Nicolás Maduro anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero. El artículo 1 del decreto presidencial n.º 22148 especifica el establecimiento de un territorio «para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país». El Arco Minero está ubicado al sureste del país y se extiende a lo largo de 112.000 km2. Bajo tierra se esconde la segunda reserva de oro más importante del mundo: 4300 toneladas certificadas. Junto al oro, también hay diamantes, coltán y bauxita.

Desde sus inicios, el plan de explotación minera incorporó capital extranjero a través de la creación de empresas mixtas integradas por el Estado venezolano —representado fundamentalmente por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— y empresas de otras latitudes. Las primeras cuatro corporaciones mixtas creadas fueron Cam Engeerering (China), Yakuang Group (China), Gold Reserve (Canadá) y Afridiam (República Democrática del Congo). Posteriormente se han incorporado capitales de Turquía, Palestina, Gran Bretaña, Barbados, Cuba, Estados Unidos, Suiza, Angola e Italia.

« Es un territorio impenetrable, reservado para grupos nacionales e internacionales que saquean las riquezas y mantienen en estado de sitio a la población civil. »

Después de cuatro años de su creación, la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero es sinónimo de devastación. Es un territorio impenetrable, reservado para grupos nacionales e internacionales que saquean las riquezas y mantienen en estado de sitio a la población civil. Es una extensión marcada por la violencia, la extracción ilimitada de bienes no renovables y la destrucción medioambiental. Nuestro análisis busca alertar sobre las dimensiones del problema y está dividido en tres partes: 1. Arco Minero y la aplanadora revolucionaria; 2. Arco Minero y Estado gangsteril; y 3. Desafíos.

Arco Minero y la aplanadora revolucionaria

El modelo político y económico de la Revolución chavista llevó a Venezuela al colapso. Dos décadas de corrupción extendida, políticas expropiatorias agresivas y el aumento del endeudamiento nos arrojaron a la miseria. En 2016 la situación empeoró y amenazó con debilitar la fidelidad de la elite nacional y de la solidaridad autocrática internacional. El apremio obligó al régimen a diversificarse y a profundizar la explotación minera en el sur del país.

El Arco Minero surgió para aliviar los efectos políticos de la destrucción económica de la Revolución chavista. Fue creado para alimentar la lealtad de sus aliados. Sus fines de poder explican la devastación que ha dejado a su paso. La urgencia política apartó cualquier consideración sobre el impacto humano o ambiental. Lejos de buscar el desarrollo integral de la nación, se buscó fortalecer los vínculos que permiten la dominación política, económica y social de esta.

El sur de Venezuela posee grandes reservas minerales. Su economía es extractiva. El trabajo alrededor de las minas es parte de su tradición y de su cultura. Antes de la instalación del Arco Minero, esas comunidades estaban conformadas —e incluso dominadas— por grupos locales de limitada capacidad productiva. La ausencia del Estado convirtió a estos espacios en territorios parcialmente aislados, con códigos sociales propios y una dinámica económica apalancada en el contrabando y en el menudeo.

El primer obstáculo que debió enfrentar Maduro para avanzar con su proyecto de explotación económica fue la depuración de la dinámica natural de las minas. El objetivo de sustituir a los productores locales —quienes extraían el oro de manera ilegal— por los nuevos explotadores exigió medidas de fuerza que fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado en alianza con grupos irregulares y bandas de crimen organizado.

El 5 de marzo de 2016, nueve días después del anuncio de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero, ocurrió la masacre de Tumeremo. Testigos afirman que en horas de la noche civiles armados —miembros de la banda El Topo— y fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra los mineros y asesinaron a 28 de ellos. Cuatro años después, prevalece el silencio. Solo se tiene el testimonio de las familias de las víctimas y los relatos temerosos de los pobladores.

Después de la masacre de Tumeremo, Nicolás Maduro emitió un decreto que convirtió a los municipios del Arco Minero en zona militar especial. Según el diputado chavista Héctor Rodríguez, la militarización permitiría «garantizar el orden». Sin embargo, no fue así. Se extendieron los llamados «operativos» y aumentaron los asesinatos. No existen datos oficiales que registren la situación. Investigaciones periodísticas y el trabajo de asociaciones no gubernamentales denuncian a cuentagotas y es difícil totalizar la magnitud del daño. A continuación se mencionan algunos episodios.

En 2018, el diputado Américo de Grazia —actualmente en el exilio— denunció la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional en el estado Bolívar. De Grazia explicó que el grupo armado colombiano coopera con el Estado venezolano en tareas de control territorial y extracción minera. A propósito de la tragedia de Guasipati (10 de mayo de 2018), el representante del estado Bolívar denunció que el grupo guerrillero tomó control de cinco minas que eran operadas por particulares. Por su parte, el diputado Francisco Sucre denunció más de 200 asesinatos ocurridos en 2019 relacionados con el desarrollo económico del Arco Minero. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional identificó 12 masacres y el lamentable saldo de pérdidas humanas.

La instalación del Arco Minero exigió la activación de medidas violentas que fueron ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado, redes de crimen organizado y grupos guerrilleros. Esta aplanadora revolucionaria se llevó por delante todo aquello que podía obstaculizar su proyecto económico y su objetivo político. Extraer el oro, los diamantes, la bauxita y el coltán del subsuelo venezolano ha costado la sangre de quienes ahí habitan.

Arco Minero y Estado gangsteril

Al profundizar en este tema surgen consideraciones de tipo político. Comencemos por la situación del Estado venezolano. Existen distintas aproximaciones al problema. Fund for Peace alertó sobre su condición casi fallida (Fund for Peace, 2019), voceros internacionales hablan de un narco-Estado y otros destacan su relación con el crimen organizado. Su categorización es un ejercicio complejo que no agotaremos en esta oportunidad.

Polga-Hecimovic (2019) explica que la relación entre el crimen organizado y la Revolución chavista es simbiótica e interdependiente. Sin embargo, al aproximarnos a la realidad, encontramos una dinámica que supera los parámetros preexistentes. En la literatura especializada, un concepto de Katherine Hirschfeld parece describir con mayor precisión este fenómeno: Estado gangsteril.

Arco Minero del Orinoco

Los Estados gangsteriles son economías políticas en transición, quiméricas, que formalizan temporalmente los monopolios económicos extractivos del crimen organizado en un territorio geográfico determinado. Una vez que se establecen los límites territoriales, su funcionamiento se asemeja a un Estado cleptocrático rudimentario, con las fuerzas de seguridad reutilizadas más allá de la aplicación del monopolio en actividades más típicamente asociadas con el gobierno. Estos pueden incluir la organización de la producción económica, la resolución de conflictos y la defensa territorial. Los territorios de Estado–gangster no son fijos ni estáticos, ya que las elites cleptocráticas buscarán colonizar el territorio circundante si las condiciones son favorables. Por otro lado, el núcleo extractivo del chantaje crea un ímpetu para el conflicto con los grupos vecinos, así como un agotamiento exhaustivo de los recursos que en última instancia puede conducir al declive o colapso político-económico. (Hirschfeld, 2015, p. 68).

En el Arco Minero se encuentran aspectos que coinciden con lo descrito por la autora. En 2016, el Estado venezolano se propuso imponer un monopolio extractivo en el sureste del país. La tarea incluyó al alto mando militar, a grupos guerrilleros, a redes de crimen organizado internacional y a empresas de capital extranjero. La consolidación del monopolio exigió medidas de fuerza que acabaron con la vida de cientos de mineros y de población civil.

No se sabe cuánto oro, diamante, coltán o bauxita se extrae actualmente. Reina la opacidad. No hay cifras oficiales. Con frecuencia se ventila información que revela el contrabando de grandes cantidades de oro que provienen del Arco Minero. Por ejemplo, el sábado 15 de febrero de 2020 autoridades de Aruba y de Estados Unidos decomisaron una avioneta con una tonelada de oro venezolano de alta pureza (Confiscan una tonelada…, 2020, febrero 17). Se trata de un saqueo sin registro oficial.

« La consolidación del monopolio extractivo derivó en el establecimiento de un sistema cleptocrático de dimensiones globales. »

La consolidación del monopolio extractivo derivó en el establecimiento de un sistema cleptocrático de dimensiones globales integrado por miembros de la fuerza armada, del crimen organizado, de grupos terroristas y de aliados internacionales como Rusia, China y Turquía. La familia Maduro Flores forma parte de la red criminal (Benezra, 2019, agosto 19). El diario abc denunció que el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, «compuesto por 12 molinos con capacidad de producción diaria de alrededor de 2400 toneladas que se traducen entre 50 y 80 kilos de oro mensual», es propiedad de un testaferro de la familia presidencial.

Anteriormente nos aproximamos a las consecuencias humanas, políticas y económicas de la explotación del Arco Minero. Conviene ahora detenernos en las ambientales. La diputada de la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández alertó que la legislación vigente prohíbe la explotación del oro. También denunció que estas actividades afectan irremediablemente las fuentes acuíferas del país. La presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático explicó que las consecuencias son inestimables e irreparables y se extienden hasta el Parque Nacional Canaima, en donde está ubicado el famoso Salto Ángel.

Los pueblos indígenas que viven en la región también advierten y denuncian la profundidad del daño. Fotografías aéreas muestran la deforestación y la contaminación de los ríos. Un estudio realizado por la Universidad de Oriente revela que la mayoría de los yekwana y los sanema presentan cuarenta veces más mercurio en el cabello que lo establecido como aceptable por la Organización Mundial de la Salud.

Desafíos

Mina El Chivao en el Arco Minero. Fuente: Emilio Guzmán

Adentrarse en el Arco Minero es encontrarse con devastación humana, política, económica y ambiental. La poca información que tenemos es extraoficial. Y la opacidad lo arropa todo: ¿cuántas masacres ha habido desde 2016?, ¿quiénes las han ejecutado? ¿cuántos asesinatos ha habido hasta el momento?, ¿cómo es la relación entre las empresas estatales y los capitales extranjeros?, ¿cómo interactúan el ELN y la Fuerza Armanda Nacional Bolivariana?, ¿cuál es la profundidad del daño medioambiental?, ¿cuánto dinero ingresa al país producto de la extracción minera?

Estas inquietudes proponen grandes desafíos. En lo inmediato es urgente promover instancias que registren las violaciones a los derechos humanos y acumular testimonios que permitan ofrecer caminos de justicia para las víctimas. También es necesario documentar el daño ecológico que trasciende a las fronteras venezolanas y adquiere dimensiones globales. Además nos preguntamos por el futuro político: ¿cómo avanzar en un proceso de democratización cuando el Estado, depositario de las formas de gobierno, ha derivado en una transnacional criminal?

El Arco Minero es quizás el lado más perverso de la Revolución chavista. Es la concreción de un sistema de dominación en donde el Estado se ha convertido en una corporación criminal dedicada al saqueo de las riquezas de la nación. Esta dinámica ha permitido que el país se convierta en aliviadero para la guerrilla, el crimen organizado y terroristas. Venezuela, lejos de ser una tierra sin ley, es un lugar en donde «la ley» la administran los criminales en búsqueda de fuentes de legitimidad política y financiera que les permitan expandir sus actividades. El daño es integral: humano, ambiental e institucional.

Referencias bibliográficas

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