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Violencia armada y proliferación de armas en América Latina

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Diego Sanjurjo

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en políticas públicas de seguridad y armas. Docente e investigador posdoctoral en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República (Uruguay). Columnista de El Observador (Montevideo).

La mayoría de los países de América Latina sufren profundas crisis de inseguridad y presentan tasas de homicidio que superan ampliamente el promedio global y son consideradas como epidémicas por la Organización Mundial de la Salud. Las armas de fuego son fundamentales en estas dinámicas. No solo porque son el instrumento favorito para cometer asesinatos, sino porque se las usa en América Latina para ese fin con mayor frecuencia que en cualquier otra región del mundo.

Asimismo, la proliferación y el uso de armas de fuego entre civiles están cambiando la naturaleza de la violencia misma en la región. Si tradicionalmente esa violencia se daba predominantemente para defender o desafiar el poder estatal, actualmente es mayormente perpetrada entre ciudadanos. Se trate de violencia doméstica o de género, de crimen organizado o interpersonal, la proliferación de armas de fuego entre civiles favorece manifestaciones de violencia más plurales y heterogéneas que convierten a la seguridad pública en el problema más acuciante de América Latina.

« Al contrario de lo que se suele creer, la enorme mayoría de las muertes violentas suceden en contextos pacíficos y no en situaciones de guerra. »

Violencia armada

Al contrario de lo que se suele creer, la enorme mayoría de las muertes violentas suceden en contextos pacíficos y no en situaciones de guerra. América Latina ha sido el mejor exponente de este fenómeno en las últimas décadas. A pesar de una expansión económica significativa, del desarrollo de sociedades civiles y del fortalecimiento de las democracias y Estados de derecho, la inseguridad, el crimen y la violencia urbana han aumentado significativamente y en algunos casos han alcanzado niveles sin precedentes.

Los homicidios, por ejemplo, han supuesto la pérdida de más de dos millones y medio de vidas desde el cambio de siglo. Actualmente suceden alrededor de 400 homicidios por día, unos 140.000 al año. Aunque esta tendencia no aplica a todos los países, se trata de un fenómeno particular de Latinoamérica, ya que en las demás regiones del mundo los homicidios vienen descendiendo gradualmente desde hace décadas. En la actualidad, los casos más severos son los de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Juntos, estos países generan uno de cada cuatro homicidios a nivel mundial.

Proliferación y violencia

Como instrumentos de matar, las armas de fuego son más efectivas que las armas blancas o la fuerza física. Por ello, no debe sorprender que su proliferación y uso sean fundamentales en la violencia homicida. De hecho, el uso de armas de fuego supone una particularidad de la epidemia de homicidios de América Latina. Si bien con ellas se comete alrededor del 50 % de los homicidios a nivel mundial, este porcentaje sería bastante menor si se excluyera a Latinoamérica, donde el impacto de las armas de fuego es particularmente pronunciado. En Brasil,
Colombia, México o Venezuela, por ejemplo, los homicidios cometidos con armas de fuego suponen más del 80 % (Small Arms Survey, s. f.).

Gráfico 1. Distribución de armas en América Latina (2017).
En millones y porcentaje

A su vez, el uso de armas de fuego en crímenes no letales también se ha incrementado drásticamente en los últimos años, mientras que el aumento de la inseguridad y la desconfianza en las autoridades han llevado a una mayor adquisición de estas armas como instrumento de autodefensa. Se crea así un círculo vicioso, por el cual la delincuencia y la necesidad de defensa personal se retroalimentan y disparan la demanda de armas de fuego. Todo ello en una región que ya poseía arsenales importantes de las guerras civiles y dictaduras del siglo XX.

Como resultado, las estimaciones más recientes sugieren que habría alrededor de 71 millones de armas pequeñas en América Latina. Armas pequeñas son aquellas armas largas y de puño que pueden ser transportadas por una sola persona. De estas, el 14 % pertenecería a fuerzas de seguridad estatales, mientras que el 86 % restante estaría en manos de civiles (gráfico 1). A su vez, dicha estimación implicaría una distribución promedio de 9,87 armas de fuego por cada 100 civiles, con estimaciones nacionales que varían considerablemente de un país a otro (Karp, 2018).

Más allá de otras consideraciones, las tasas locales de posesión de armas de fuego nos informan sobre la cultura armamentista de una sociedad. En América Latina, por ejemplo, las sociedades fuertemente armadas son aquellas que mantienen una tradición relevante de posesión y uso de armas, como es el caso de Guyana, Paraguay o Uruguay, así como también el sur de Brasil, o que tienen acceso preferencial al poderoso mercado de armas de Estados Unidos, como en el caso de las Bahamas, Puerto Rico, Surinam, México o Panamá.

Gráfico 2. Estimación de armas civiles (2017) y tasa de homicidios (2018)

Con dos armas de fuego por cada 100 habitantes, Cuba es el país con menos civiles armados de la región. Del otro lado del espectro se encuentra Uruguay, con una tasa de 34,7 armas por cada 100 habitantes. Si bien se encuentran en extremos opuestos, justo estos dos países suelen destacar en la comparativa internacional por tener niveles de violencia relativamente bajos. Este es un indicio de que no hay una correlación entre proliferación de armas y homicidios (gráfico 2). En otras palabras, hay sociedades fuertemente armadas que son pacíficas, y otras que no lo son, como también hay sociedades desarmadas y pacíficas, y otras que no lo son. Esta tampoco es una característica particular de la región. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de posesión de armas de fuego doce veces superior al promedio de América Latina pero su tasa de homicidios cometidos con ellas es siete veces menor (Karp, 2018; UNODC, 2019).

La influencia de la proliferación de armas sobre la inseguridad y la violencia es más compleja e impredecible de lo que suele sugerir la literatura (Sanjurjo, 2020; 2016). A nivel mundial, los esfuerzos científicos por encontrar evidencia de causalidad están fuertemente disputados; en nuestra región no se han llevado a cabo estudios serios y robustos. En definitiva, las armas de fuego pueden ser un instrumento efectivo de defensa personal, como también un instrumento letal para generar violencia, cometer delitos y enfrentar las políticas de seguridad.

De todas maneras, la influencia de las armas de fuego en la violencia regional presenta particularidades muy interesantes que van más allá de una correlación. Las armas de fuego no suponen un problema en América Latina debido a su mera cantidad, sino por su gran incidencia en el crimen y la violencia. Por eso, otra particularidad de la región es que en aquellos países que presentan tasas altas de homicidio o de muertes violentas en general, el porcentaje de esas muertes producidas por armas de fuego también es excepcionalmente alto (gráfico 3). Este es el caso de países como Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica o Venezuela, entre otros (Small Arms Survey, s. f.).

Lo que sugiere esta relación es que las armas de fuego parecen echar leña al fuego en lugares violentos. Si durante una pelea entre vecinos la presencia de un arma puede hacer la diferencia entre una nariz rota y un asesinato, a nivel macro transcurre una dinámica similar, por la cual el fácil acceso a armas de fuego puede ayudar a producir niveles de violencia extremos.

Armas de fuego como factor de riesgo

Gráfico 3. Tasas nacionales de muertes violentas (2016) y porcentaje
de muertes violentas cometidas con armas de fuego (2016)

La proliferación de armas produce consecuencias diferentes en Argentina que en Guatemala. Incluso entre territorios, ciudades y barrios, las armas de fuego desencadenan procesos diferentes. Es significativamente más probable que un arma sea utilizada para cometer un homicidio en Centroamérica que en el Cono Sur. Por ello, tan importantes como la cantidad de armas y su capacidad de producir daños, son también las circunstancias que las rodean y que determinan parcialmente su letalidad. Y es que los patrones de violencia no solo varían de un país a otro, sino también a nivel local. Las grandes ciudades suelen concentrar el crimen y la violencia, que sucede de manera desproporcionada en ciertos barrios y entre hombres jóvenes, los que suponen la gran mayoría de los infractores y víctimas.

Una forma de explicar estas diferencias es a través de un enfoque epidemiológico y de la presencia diferencial de factores de riesgo. Así, las principales causas comunes de la región son la desigualdad económica, la exclusión social, los contextos institucionales débiles, la urbanización rápida y descontrolada, los conflictos armados recientes, las migraciones masivas y los eventos violentos en países vecinos. Causas más próximas se denominan impulsores y desencadenantes. Los impulsores más comunes son altos porcentajes de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, el embarazo adolescente, las familias disfuncionales o la presencia crítica de organizaciones criminales y narcotráfico. Los desencadenantes son aún más inmediatos, por ejemplo, los conflictos grupales que incluyen represalias o el fácil acceso al alcohol y a las armas de fuego.

Si analizamos la región a través de estos parámetros, debemos concluir que todos los países presentan varios de estos factores de riesgo en cierta medida. La mayoría concentra un gran número de factores a la vez, y hay muchos países severamente afectados por todos ellos.

A su vez, los mayores niveles de violencia armada se encuentran en México, América Central y los países del norte de Sudamérica. Estos países no solo concentran un gran número de los factores mencionados, sino que sufren una situación particularmente crítica por estar situados en áreas y territorios que sirven como rutas de tráfico entre América del Sur y Estados Unidos. El tráfico de drogas, la guerra contra las drogas y la proliferación de armas son tres fenómenos profundamente entrelazados que pueden empoderar al crimen organizado y desencadenar niveles de violencia extrema. Ello se debe a que la fuerte demanda de drogas desde Estados Unidos da lugar a una economía ilícita altamente lucrativa que, a su vez, aumenta la demanda de armas de fuego de todos los actores involucrados. El resultado suele ser una carrera armamentista entre aquellos que quieren proteger sus negocios ilícitos, las fuerzas de seguridad locales y los ciudadanos comunes y corrientes que deben hacer frente a una inseguridad constante.

De igual manera, la proximidad y el acceso al permisivo mercado de armas de Estados Unidos permite que grupos criminales adquieran armas automáticas y fusiles de asalto que difícilmente podrían adquirir de otra manera. De hecho, se estima que todos los días se trafican cientos de armas de fuego hacia México a través de su frontera norte. En muchos países la consecuencia es una frecuente situación de guerrilla urbana a gran escala entre grupos criminales, así como también entre estos y las fuerzas del orden. Por eso, la aparición y el establecimiento de estos grupos vienen generalmente acompañados de un incremento exponencial de la violencia.

Los Estados gangsteriles son economías políticas en transición, quiméricas, que formalizan temporalmente los monopolios económicos extractivos del crimen organizado en un territorio geográfico determinado. Una vez que se establecen los límites territoriales, su funcionamiento se asemeja a un Estado cleptocrático rudimentario, con las fuerzas de seguridad reutilizadas más allá de la aplicación del monopolio en actividades más típicamente asociadas con el gobierno. Estos pueden incluir la organización de la producción económica, la resolución de conflictos y la defensa territorial. Los territorios de Estado–gangster no son fijos ni estáticos, ya que las elites cleptocráticas buscarán colonizar el territorio circundante si las condiciones son favorables. Por otro lado, el núcleo extractivo del chantaje crea un ímpetu para el conflicto con los grupos vecinos, así como un agotamiento exhaustivo de los recursos que en última instancia puede conducir al declive o colapso político-económico. (Hirschfeld, 2015, p. 68).

En el Arco Minero se encuentran aspectos que coinciden con lo descrito por la autora. En 2016, el Estado venezolano se propuso imponer un monopolio extractivo en el sureste del país. La tarea incluyó al alto mando militar, a grupos guerrilleros, a redes de crimen organizado internacional y a empresas de capital extranjero. La consolidación del monopolio exigió medidas de fuerza que acabaron con la vida de cientos de mineros y de población civil.

No se sabe cuánto oro, diamante, coltán o bauxita se extrae actualmente. Reina la opacidad. No hay cifras oficiales. Con frecuencia se ventila información que revela el contrabando de grandes cantidades de oro que provienen del Arco Minero. Por ejemplo, el sábado 15 de febrero de 2020 autoridades de Aruba y de Estados Unidos decomisaron una avioneta con una tonelada de oro venezolano de alta pureza (Confiscan una tonelada…, 2020, febrero 17). Se trata de un saqueo sin registro oficial.

Conclusiones

Como dijimos, la proliferación de armas y los homicidios no están correlacionados, lo que significa que una mayor cantidad de armas no tiene por qué traducirse en más violencia. No obstante, sí hay evidencia que sugiere que los niveles más altos de violencia están directamente relacionados con un uso desproporcionado de las armas. Hay ciudades y barrios en los que las armas de fuego pasan desapercibidas, y otros en los que desencadenan fácilmente dinámicas de violencia extrema. Ello se debe en parte a los déficits estructurales de la región, que terminan haciendo que su proliferación pueda ser especialmente perniciosa. En ciertos contextos, el acceso a las armas de fuego desencadena e incrementa exponencialmente lo que ya es de por sí una combinación explosiva de factores de riesgo.

Bajo estas circunstancias, parece razonable sugerir que un acceso más restringido a las armas de fuego puede ser una medida racional para intentar bajar los niveles de violencia. En este sentido, también es difícil encontrar evidencia concluyente sobre el impacto de las políticas de control de armas. La información en la región suele ser limitada y sufre de problemas metodológicos, así como de fuertes sesgos normativos. A nivel internacional, existe evidencia de que algunas restricciones son mejores que las políticas liberales que conocemos de Estados Unidos, pero no hay mucho más que pueda decirse con certeza. Hacen falta experimentos y evaluaciones certeras, y, si bien la afirmación puede resultar insatisfactoria, es mejor que tirar soluciones mágicas al barrer (Sanjurjo, 2020).

Referencias bibliográficas

  • Karp, A. (2018). Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers. Small Arms Survey–Briefing Papers. Ginebra: Small Arms Survey.
  • Sanjurjo, D. (2016). La influencia de la posesión civil de armas de fuego en las tasas de homicidio de América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo 1/2016. Madrid: Real Instituto Elcano.
  • Sanjurjo, D. (2020). Gun Control Policies in Latin America. International Series on Public Policy. Nueva York: Palgrave Macmillan.
  • Small Arms Survey. (s. f.). Global Violent Deaths: Interactive Maps and Charts of Armed Violence Indicators. Recuperado de http://www.smallarmssurvey.org/tools/interactive-map-charts-on-armed-violence.html.
  • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2019). Global Study on Homicide 2019. Viena: UNODC.
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