¿Hay esperanza?

Principales consecuencias ambientales del proceso de paz para Colombia Descargar Epub

Mauricio Linares

Ph. D en Genética de Poblaciones, Universidad de Texas. Decano y profesor titular en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad del Rosario, Colombia

Han pasado casi tres años desde que Colombia firmó el acuerdo de paz con el principal grupo ilegal, FARC-EP, el 12 de noviembre de 2016 (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016). Después de cinco décadas de conflicto armado, uno de los más largos del mundo, con un saldo de más de siete millones de personas afectadas, el país ha iniciado un proceso que nos abre la oportunidad de reinventar la interacción entre el ser humano y nuestro entorno de una manera que permita reconciliar de forma inteligente, innovadora y responsable los intereses del desarrollo económico con aquellos de conservación de la inmensa biodiversidad que aún poseemos.

Se ha dicho que el conflicto armado ha ayudado a mantener muchas regiones boscosas de Colombia en relativamente buen estado de conservación (Sherriff, 2018), que al quedar aisladas han mantenido gran parte de su cobertura natural (Regalado, 2013) e incluso hay evidencia científica que indica que la emigración humana forzada también ha favorecido la regeneración natural de los bosques en muchos lugares (Sánchez Cuervo, Aide y Etter, 2012; Sánchez Cuervo y Aide, 2013). Adicionalmente, en la medida que la gente se ha desplazado de áreas rurales a áreas urbanas, han surgido importantes problemas socioeconómicos colaterales como el decremento local de producción agrícola, el aumento significativo de la pobreza, la delincuencia y la densificación urbana (Zafra, 1997; Negret et al., 2017). Sin embargo, después de la iniciación del proceso de paz en 2016, una de las principales preocupaciones emergentes es el incremento alarmante de la deforestación (Wiebel, 2018), principalmente en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Putumayo, Meta y Caquetá, estos dos últimos de los más extensamente afectados (IDEAM, 2017). A nivel general la deforestación en el país aumentó en al menos 44 % (Reardon, 2019; Sherriff, 2018) con el advenimiento del proceso de paz, y se reporta una pérdida de 178.597 hectáreas en 2016 (Minambiente, IDEAM, 2017; SIAC, 2017). Entre 1990 y 2014 la región de la Amazonía colombiana concentró el 35 % de la tasa de deforestación nacional anual, en 2015 el 43 % y en 2017 se incrementó a un 70 % (IDEAM, 2017; Fundación Paz y Reconciliación, 2018). Por primera vez en los últimos tres años, la deforestación se redujo, de 220.000 hectáreas en 2017 a 197.159 en 2018, según lo reportado por el IDEAM. De todas maneras, la situación sigue siendo muy alarmante, especialmente para la región de la Amazonía que concentra el 70 % de la eliminación de bosques.

Deforestación

Foto: Bones64, vía Pixabay

El panorama de deforestación es especialmente alarmante en los parques nacionales naturales (PNN), ya que se trata de áreas designadas por el Gobierno para la preservación y la protección de la biodiversidad y los bosques del territorio nacional, y que constituyen el patrimonio natural de toda la humanidad. De particular interés resulta el sistema conformado por los cuatro grandes pnn Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Chiribiquete, sus zonas de amortiguación y el corredor de selva, no protegido, que aún conecta parcialmente la cordillera de los Andes y la Amazonía (Clerici et al., 2018) y que representa la última vía selvática más importante de intercambio biológico y genético para el norte de Sudamérica. En el período previo al inicio del proceso de paz, entre 2000 y 2015, Clerici y sus colaboradores (2018) estimaron una pérdida de selva de 634 km2 en los tres primeros parques y 1152 km2 en las zonas de amortiguación de 10 km que los rodean. Por ejemplo, en el Caquetá, en tan solo los primeros meses de 2018, el PNN Tinigua perdió 6000 de sus 208.000 hectáreas de extensión (Fundación Paz y Reconciliación, 2018). De manera semejante, en el primer trimestre de 2018 el municipio de la Macarena, Meta, experimentó la mayor proporción de pérdida de bosques a nivel nacional, llegando a concentrar el 20 % de la deforestación del país (Fundación Paz y Reconciliación, 2018). A nivel municipal, para el final de 2018 el IDEAM reportó entre San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá el 35 % de las detecciones tempranas de deforestación de todo el país y el departamento del Caquetá concentró el 45 % de estas, superando las cifras de los demás departamentos (Forero, 2019). Por lo tanto, el incremento en la tasa de deforestación en el posconflicto en Colombia en general y en particular en su sistema de áreas protegidas o PNN y sus alrededores se convierte en una, si no en la principal, consecuencia medioambiental, difícilmente reversible, que empieza a palparse de manera alarmante a tan solo tres años de la iniciación del proceso de paz.

Causas de la deforestación

Cuáles son las principales causas de la acelerada deforestación que está viviendo Colombia? En primer lugar mencionaría la ausencia de gobernanza a nivel local y regional que caracteriza a muchos rincones del país y que se vuelve especialmente evidente con el vacío que dejaron los excombatientes de las FARC-EP al acogerse al proceso de paz. De alguna manera, con la presencia del mencionado grupo armado, en muchas zonas del territorio nacional existía una organización que controlaba los procesos ilegales de acaparamiento de tierras y de tala indiscriminada de bosques. Con la firma del acuerdo en 2016, han tomado control grupos ilegales mafiosos, acaparadores de tierras, latifundistas, ganaderos, explotadores ilegales de madera y cultivos ilícitos, cultivadores de palma, mineros ilegales, compañías petroleras e incluso individuos disidentes de las FARC y miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). En una publicación en la revista Science se plantea la urgencia de implementar una aproximación interdisciplinaria donde se integren las comunidades científicas de las ciencias sociales y naturales, el Gobierno, el sector privado y las comunidades locales para desarrollar estrategias que aseguren que los beneficios sean distribuidos equitativamente entre los grupos sociales y étnicos involucrados para que el capital natural sea protegido adecuadamente (Clerici et al., 2016). Más aún, con respecto al megacorredor Andes-Amazonas mencionado, que conecta el sistema de pnn Picachos-Tinigua-Macarena-Chiribiquete, también se ha planteado que «en la era del posconflicto Colombia tiene una oportunidad única para crear un nuevo paradigma social y económico basado en la sostenibilidad de largo plazo de paisajes desarrollados y una distribución de la riqueza más equitativa» (Clerici et al., 2018).

Ilustración de Guillermo Tell Aveledo

Entonces ¿qué se puede hacer ante esta situación de ausencia local del Gobierno para empezar a crear un nuevo paradigma de desarrollo económico que permita una explotación sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad? Mientras se logra que exista una mayor presencia efectiva del Gobierno en muchos lugares de Colombia, es fundamental que durante el posconflicto las comunidades locales se apropien del rol de guiar el desarrollo económico y trabajen para que este se dé en forma sostenible, sin destruir la biodiversidad y los ecosistemas que la albergan. Aquí es donde se vuelve protagónico el papel de los así llamados líderes sociales (Pérez, 2018), personas con reconocimiento de la comunidad, que defienden los derechos ambientales, territoriales, políticos y humanos, enprodelacomunidadymuchasveces en contra de los intereses particulares y privados, lo que desafortunadamente les está costando en muchos casos la vida. En la era del posconflicto, ha aumentado abrumadoramente el número de asesinatos de líderes, principalmente afrodescendientes, indígenas y campesinos; tan solo entre enero de 2017 y febrero de 2018, la fundación Indepaz (2018) reportó la muerte de 227 de ellos. En contraste con esto, el gobierno de Ivan Duque está implementando su ambicioso Plan de Atención Oportuna (PAO) para proteger a estos activistas colombianos; recientemente se reportaron los primeros resultados con una disminución de aproximadamente 35% así: 105 casos registrados desde el 7 de agosto de 2017 al 9 de julio de 2018, a 68 casos desde 7 de agosto de 2018 hasta el 9 de julio de 2019 («La estrategia del Gobierno…», 30 de julio de 2019). En todo caso, es urgente que cesen estos crímenes, que no queden impunes y que el Gobierno implemente estrategias efectivas para detener lo más pronto posible este gravísimo problema sociopolítico. Además del imperdonable crimen de seres humanos tan valiosos, esto frena el desarrollo de los socioecosistemas en muchísimos rincones del país donde la presencia del Gobierno es muy débil o inexistente.

Algunas estrategias prometedoras para actuar sobre el medioambiente y la biodiversidad

« Es fundamental que durante el posconflicto las comunidades locales se apropien del rol de guiar el desarrollo económico y trabajen para que este se dé en forma sostenible, sin destruir la biodiversidad y los ecosistemas que la albergan »

¿Qué posibilidades tiene Colombia para enfrentar los retos ambientales mencionados en el posconflicto? Aunque en muchos sentidos el panorama luce muy oscuro, se vislumbran algunas iniciativas que ya empiezan a dar resultados muy positivos, por ejemplo, en algunos lugares donde exintegrantes de las FARC-EP se han reincorporando a la sociedad a través de proyectos productivos y de usos alternativos de la biodiversidad. El proyecto Amazonía Joven, que involucra excombatientes residentes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Oscar Mondragón y la comunidad en la reserva campesina El Pato Balsillas en la vereda Miravalle, de San Vicente del Caguán, pretende frenar la deforestación en gran medida incorporando actividades como el ecoturismo y la conservación (Reardon, 2018). Este proyecto, financiado por el Fondo Europeo con 2.150.000 euros, busca consolidar oportunidades económicas sostenibles para incidir en una gestión sostenible del socioecosistema con un enfoque de construcción de paz y equidad. El proyecto es ejecutado por Corpomanigua en asociación con el Vicariato de San Vicente del Caguán y Acción Popular Cultural (ACPO), en estrecha colaboración con la cooperativa Manuel Marulanda Vélez del etcr y la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop), que agrupa a 1250 familias habitantes de la zona de reserva campesina, con un aporte específico de 430.000 euros del Fondo Europeo. Allí se han concretado dos líneas fundamentales de trabajo: una productiva, que involucra actividades como el cultivo de tilapia roja a través del sistema biofloc, así como también la construcción de un centro de acopio de fríjol. La otra línea es el ecoturismo, incluyendo senderismo hasta el mencionado PNN Cordillera de los Picachos, el avistamiento de aves, actividad que tiene gran potencial para conservación y desarrollo económico en Colombia (Ocampo-Penuela y Winton, 2017), la práctica de deportes extremos como el rafting por el río Pato y el rappel. También se han planteado actividades educativas por los excombatientes que conocen el territorio encaminadas a educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia ecológica del bosque y el valioso servicio ecosistémico que este nos presta. Con este modelo de ecoturismo se espera contrarrestar la fuerte deforestación en la región, promover la conservación de la biodiversidad, construyendo un socioecosistema con una mayor equidad donde impere la paz. De tener éxito, este podría convertirse en un excelente caso de estudio que deberíamos monitorear y apoyar cuidadosamente, que podría ser extrapolado a muchos otros lugares de Colombia donde existen contextos socioecológicos con potencial y condiciones semejantes.

Hay también otras iniciativas importantes desde el ámbito científico y académico que vale la pena resaltar y que traen esperanzas para el medioambiente colombiano en el posconflicto. Un tema fundamental tiene que ver con el urgente establecimiento de sistemas de monitoreo que permitan ayudar a conocer mejor nuestra megabiodiversidad, al mismo tiempo que faciliten la caracterización y evaluación del impacto masivo de los cambios socioambientales y económicos que estamos enfrentando. Recientemente, un grupo de más de veinte investigadores de instituciones colombianas y extranjeras lanzaron una plataforma digital llamada Plataforma Ecológica para Análisis en Ecosistemas Colombianos (PEACE), para organizar la información de patrones climáticos, distribución de especies y en general llegar a predecir algunos de los efectos de estos procesos de cambio de uso del suelo (Sierra et al., 2017; Reardon, 2018). Se propone la creación de un observatorio de ecosistemas que recoja información de variables clave, que integre productos de sensores remotos, y que se creen plataformas que conecten activamente a los científicos con los políticos y los tomadores de decisiones. Se espera que dicha plataforma provea insumos para dilucidar los impactos de los fenómenos extremos (por ejemplo, asociados con el fenómeno de El Niño) sobre los ecosistemas colombianos.

Indudablemente, la creación de plataformas como PEACE es fundamental y urgente pero, para atacar contundentemente la problemática ambiental que enfrenta el país, es indispensable ahondar más en la relación entre el Gobierno, la ciencia y la educación. Un elemento muy esperanzador sería poner el ingenio y la capacidad innovadora de la investigación científica experimental más agresivamente al servicio de la sostenibilidad, el cambio climático y la preservación ambiental. Para construir una paz duradera en Colombia habría que afianzar la investigación científica inter y transdisciplinaria de punta (incluyendo la ciencia básica y la aplicada), involucrando el liderazgo y la capacidad de las universidades y centros de investigación, para conciliar en forma viable las metas del desarrollo económico y las de la conservación de la biodiversidad. En este orden de ideas resultan de especial importancia las estaciones de campo como lugares que contribuyen a construir un profundo conocimiento de la biodiversidad, la experimentación, el estudio de la interacción entre el ser humano en los socio y agroecosistemas y la aproximación holística y sistémica que requiere la generación de soluciones efectivas para acercarnos más a la complejidad del desarrollo sostenible. En esta dirección, en abril de 2016, la Universidad del Rosario (Bogotá) adquirió un predio de 12,5 hectáreas ubicado a una hora y media de Bogotá, en la vertiente occidental de la cordillera oriental, a una altitud de 1300 m sobre el nivel del mar. Aproximadamente el 90% de este terreno está representado por bosque del icónico y maltratado clima cafetero, con árboles de más de cincuenta años de antigüedad. En este lugar la Universidad está creando la Estación Experimental José Celestino Mutis (ECM). El terreno de la ECM y los sistemas socioecológicos circunvecinos representan un laboratorio natural ideal para realizar estudios científicos donde se puedan dilucidar estrategias para armonizar el desarrollo económico responsable, la conservación de la biodiversidad y su restauración. La idea es involucrar desde el inicio activamente a la comunidad y sensibilizarla en torno a la importancia que tiene la coexistencia armónica entre el ser humano, sus actividades económicas y el medioambiente. Posteriormente, se hará un monitoreo a mediano y largo plazo con el que se pueda cuantificar el impacto de los procesos de restauración y de inclusión de actividades económicas sostenibles, el mejoramiento de la capacidad de los ecosistemas para producir servicios que benefician al ser humano y la capacidad de resiliencia de estos. Uno de los resultados a largo plazo de este proyecto es que será necesario capacitar a la comunidad para que en muchos casos realice actividades económicas diferentes, que impacten de manera menos destructiva y más responsable en el medioambiente y la biodiversidad.

El vertiginoso desarrollo económico y el crecimiento poblacional mundial han llegado a un nivel tan alto que el impacto que estamos teniendo sobre el clima y el medioambiente del planeta es tan fuerte que ha merecido una nueva denominación en la escala geológica: nos adentramos en el Antropoceno, es decir, la era del ser humano. El uso que le estamos dando a la Tierra es claramente insostenible: tenemos que cambiar nuestro concepto de desarrollo económico y visualizar al ser humano y a la naturaleza como una sola unidad: un sistema legítimamente socioecológico. Hay que empezar por entender que existe una profunda e íntima relación entre el ser humano y el medio natural: debemos utilizar la capacidad innovadora del método científico para construir puentes que permitan armonizar la conservación de la biodiversidad con un desarrollo económico sostenible y responsable, que mitigue el impacto negativo sobre el medioambiente en general y el colombiano en particular. En la era de posconflicto en que nos encontramos, Colombia tiene aún una gran oportunidad de cambiar los paradigmas de explotación de la naturaleza y el medioambiente y acercarse decididamente a un legítimo desarrollo sostenible que nos permita coexistir a largo plazo con una inmensa biodiversidad que felizmente aún se encuentra en relativamente buen estado.

Referencias bibliográficas

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